¡¡ España firma el nuevo Protocolo ¡¡
El Consejo de Ministro autorizo en su reunión del 24 Febrero la firma del nuevo Protocolo facultativo
- Fecha: 25-02-2012
- Luis Alberto Mozo
La Convención sobre los Derechos del Niño era el único Tratado Internacional, en materia de derechos humanos, que contaba con un procedimiento obligatorio de presentación de informes, pero no con un procedimiento de comunicaciones. Este nuevo Protocolo introduce, por primera vez, mecanismos de protección de derechos contemplados en otros instrumentos internacionales en los que España ya es parte, ofreciendo la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales referidas a países que hayan firmado el Protocolo, siempre y cuando el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité para examinar estas denuncias.
La coalición internacional conformada por más de 80 ONG nacionales e internacionales y coordinada por el Grupo de ONG para la Convención sobre los Derechos del Niño (Grupo de ONG para la CDN con sede en Ginebra, Suiza), de la cual PROYECTO SOLIDARIO y Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) son parte activa, estuvo realizando una campaña para el establecimiento de un procedimiento de comunicación de los derechos del niño desde el año 2006, por lo tanto, la adopción en la Asamblea General de la ONU en noviembre pasado, del Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento para las violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes representa una gran satisfacción y un logro a los esfuerzos realizados en articulación entre múltiples actores.Una de las principales características de este Protocolo es que pone los derechos de los niños y niñas en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoce que éstos también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos, dandoles la posibilidad a presentar directamente sus quejas a un comité de Expertos, el Comité de Derechos del Niño.
Otro aspecto importante del Protocolo es que obliga a los Estados a revisar sus mecanismos internos de protección y garantía de los derechos humanos y a crear los canales de información y acceso para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer su derecho a apelar y a ser escuchados.