El Proyecto Garantizando el Derecho Humano a la Alimentación para niñas, niños y sus familias de comunidades quechuas, altamente vulnerables, en contexto post COVID19, mediante la implementación de tecnologías ecológicas productivas y sostenibles, ha sido una respuesta crucial a los grandes desafíos como consecuencia de la pandemia COVID-19 en Perú. Antes de la pandemia, Perú había logrado avances significativos en la reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia infantil. Sin embargo, el contexto post COVID-19 ha puesto en riesgo estos logros, especialmente para aquellos en situación de pobreza y alta vulnerabilidad. La suspensión de servicios de salud y la interrupción de actividades económicas han ampliado las brechas existentes, aumentando la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

En este contexto, el Proyecto se enfocó en 3 comunidades y un centro poblado en el distrito de Palca, donde la tasa de desnutrición infantil aguda moderada alcanzaba el 24% y la anemia el 65% en niños menores de 12 años. La falta de acceso a servicios de salud adecuados y la inseguridad alimentaria eran desafíos significativos para la población, compuesta principalmente por familias campesinas quechuas en situación de pobreza extrema. La implementación de tecnologías ecológicas productivas y sostenibles, junto con el fortalecimiento de capacidades y la promoción de prácticas alimentarias saludables, se convirtió en una estrategia integral para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población beneficiaria.

El Proyecto garantizó el acceso a una alimentación suficiente y saludable para 114 familias, mejorando sustancialmente sus condiciones nutricionales. La implementación de ecohuertos, módulos de animales menores y cocinas ecológicas contribuyó a este éxito, brindando a las familias fuentes de nutrición sostenible y orgánica. Se empoderó a 114 mujeres quechuas para liderar el cambio en sus familias y comunidades, promoviendo prácticas alimentarias saludables y hábitos de higiene que contribuyen a la prevención de enfermedades. Asimismo, se fortaleció a las autoridades locales y municipales como garantes de derechos, con la implementación de una política pública a favor del derecho a la alimentación, que incluyó estrategias locales con su propio presupuesto público.

Una beneficiaria del proyecto, Teodora R., destacó la importancia de estos logros en su vida y en la de su familia: