La Convención de los Derechos del Niño.

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de noviembre día internacional de los derechos del niño, con motivo de la adopción por unanimidad de la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. La Convención ha sido ratificada hasta la fecha por todos los Estados que forman parte de Naciones Unidas, con las excepciones de Somalia y EE.UU.

La Convención de los Derechos del Niño es de obligado cumplimiento para todos los Estados que la han ratificado. El órgano encargado de dar seguimiento a su correcta aplicación es el Comité de los Derechos del Niño. Sus Resoluciones no tienen carácter justiciable, pero en la práctica están revestidas de un importante imperativo político, moral y mediático sobre los Estados, que están obligados a emitir un informe al Comité cada 5 años sobre el cumplimiento de la Convención en cada país.

Además, se han adoptado hasta la fecha III Protocolos Facultativos sobre las siguientes cuestiones: Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en conflicto armados, Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y Protocolo Facultativo sobre comunicaciones individuales.

El Comité de Derechos del Niño, emite también una serie de Observaciones Generales, que en la práctica suponen un análisis y explicación práctica de las obligaciones contraídas por los Estados partes en virtud de la ratificación de la Convención. Durante 2013 se han emitido las siguientes Observaciones:

• Observación General sobre el principio del interés superior.
• Observación General sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
• Observación General sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos de la infancia.
• Observación General sobre el derecho al descanso y el esparcimiento, al juego y a la vida cultural.

Los derechos de la infancia en España.

En España, la crisis financiera y económica y las políticas de ajuste estructural desarrolladas por los distintos gobiernos nacional, autonómico y local, suponen una merma importante en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, un desmantelamiento del Estado de Bienestar y un fragrante proceso des-constituyente.

En este contexto, a las organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos de los niños, nos preocupa gravemente el impacto que la crisis y las políticas de ajuste estructural tienen sobre la infancia. La Comisión Europea emitió con fecha 20 de febrero de 2013 la Recomendación a los Estados Miembros que lleva por título "Invertir en la infancia, romper el ciclo de las desventajas", alertado sobre el impacto de la crisis en la infancia y la importancia de garantizar sus derechos a través de políticas públicas que tengan como propósito la lucha contra la pobreza y la exclusión social de los niños.

La infancia es el colectivo que está sufriendo la crisis en mayor medida, de manera más intensa y crónica (El concepto de pobreza se mide tomando como umbral el 60% de la mediana de los ingresos de los hogares en España. En 2011, para una familia de dos adultos con dos hijos menores de edad dicho umbral es de 15.820€/año). Según datos de 2011, el 27,2% de los niños y niñas en España (1 de cada 4 menores) vive por debajo del umbral de pobreza (según datos publicados por Euroestat). El número de hogares con niños en los que ninguno de los adultos tiene trabajo creció entre 2007 y 2012 en un 169%, frente al 60% en los hogares sin niños.

En conclusión, los niños bajo el umbral de la pobreza son ahora más (nos acercamos a los 2.300.000), más pobres y durante más tiempo. Es importante destacar que además, existen colectivos infantiles en situación de especial vulnerabilidad, como son los niños y niñas con discapacidad, los gitanos o los de origen extranjero.

La falta de recursos económicos es el principal factor de riesgo para la infancia. A ello se une el recorte y desmantelamiento de las políticas públicas, que afectan en mayor medida a la infancia y dificultan el goce y ejercicio de los derechos del menor, principalmente alimentación, vivienda, educación y salud, cuatro pilares básicos para el desarrollo de los niños y niñas.

No se trata por lo tanto, únicamente de una cuestión de escasez de recursos, sino también de un adecuado enfoque en las políticas públicas. Los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes son irrenunciables y es obligación del Estado garantizarlos y cumplirlos. En este sentido, cabe recordarle al Gobierno de la Nación la importancia y vigencia del artículo 4 de La Convención (los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención).

¿Qué debemos proteger a toda costa?

El pasado 21 de octubre, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España, (de la que la Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia ostenta la Vicepresidencia), emitió un comunicado dirigido a los representes políticos y sociales del país, reclamando la adopción de un Pacto de Estado contra la pobreza infantil. Reclamamos el goce y ejercicio universal de los siguientes derechos:

1. Alimentación: acceso a los alimentos y elementos materiales necesarios y adecuados para su desarrollo.

2. Vivienda digna.

3. Educación: acceso completo y en igualdad de oportunidades a la enseñanza.

4. Salud: acceso a una sanidad de calidad y en igualdad de condiciones.

5. Protección adecuada ante el desamparo o la violencia.

La protección y el "interés superior del menor" orientan el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que se estructura de acuerdo con ocho objetivos: conocimiento y sensibilización; apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos conflictivos; educación de calidad; defensa de su salud y participación en su entorno.

La Fundación PROYECTO SOLIDARIO por la Infancia celebra este año su 28 aniversario de trabajo en la promoción y defensa de los derechos de la infancia, fomentando la participación y la creación de entornos adecuados para favorecer su desarrollo, poniendo a la infancia en el centro de todas las decisiones y contando con su participación en todos los niveles.

El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 constituye un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia de una manera integrada y transversal para contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses.

Reclamamos este Pacto de Estado, conscientes de que la mejor medida contra la crisis es invertir en la infancia. El cumplimiento y desarrollo de dicho camino debe de hacerse promoviendo y garantizando la participación infantil. A tales efectos, resultará sin duda una herramienta de gran importancia el PENIA- II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. En su implementación y desarrollo estamos involucrados Administraciones, Asociaciones y ciudadanía en general.